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Etnicidad y ciudadanía en los pueblos indígenas del Chaco

 

 

          La antropología del siglo XIX establecía que los indígenas tenían una cultura estática limitada comparada a la del hombre blanco. Luego en el siglo XX, instauro la idea de que los indígenas tenían culturas estáticas diferentes, diferencias culturales que se fueron perdiendo por los procesos de colonización, por la aculturación que los transformo en campesinos. Hoy todas las ciencias sociales incluida la antropología, afirman que la cultura es un proceso de construcción continua de cada sociedad y los pueblos indígenas como creadores de su propia identidad construyen ciudadanía en un contexto sociohistórico determinado que reproduce las relaciones sociales de poder con otros grupos étnicos, y en ese sentido reemplazaron las demandas campesinistas y de clase, al uso de la etnicidad como estrategia política. Los pueblos indígenas se han convertido en protagonistas de su propio proceso de ciudadanización, en busca de mayor inclusión y participación, donde lo étnico se constituye como un proceso cultural, social, económico y político de la vida cotidiana indígena.

         Hacia fines del siglo XX e inicios del XXI, en todos los países de América Latina, las poblaciones Indígenas crearon movimientos que demandaron al Estado, políticas de reconocimiento de una ciudadanía comprendida como “titularidad de derechos”. Una ciudadanía ampliada a partir de una mayor inclusividad, sobre la base de la representación y participación política, económica, social y cultural de los pueblos indígenas, proceso que se construye por medio de una acción colectiva sobre la base de la etnicidad. La etnicidad es un proceso social y relacional que construye la identidad étnica en virtud de un conjunto de factores económicos, políticos, religiosos en referencia a quien institucionaliza el poder, el Estado. Significa la lucha por afirmar la cosmovisión indígena, el derecho a ejercer la propia identidad cultural contra los poderes vigentes. Esa etnicidad se fue construyendo desde el siglo XIX como consecuencias de relaciones sociales de poder desiguales de las diferentes etnias con el Estado que estableció un sistema de dominación, exclusión y de imposición cultural y las relaciones interétnicas se tradujeron en una lucha desigual entre el poder estatal que creo un orden de cohesión y uniformidad por la fuerza y una diversidad de etnias indígenas que luchaban y siguen luchando por mantener sus identidades étnicas, mientras que la idea de ciudadano indígena se enfrenta a la subjetividad eurocéntrica que los considera aún hoy como inferiores o primitivos.

           La etnicidad, la movilización de las etnias Qom, Wichi y Mocoit del Chaco, de acuerdo al contexto democrático nacional, exigieron políticas de reconocimiento, es decir, el ejercicio del derecho a ser diferente y conducir su propio destino de acuerdo a su propia identidad étnica, deseando ser reconocidos a partir de la diferencia, y desde ahí reivindican recursos como tierra, agua, autonomía y derechos colectivos. Esto se tradujo en el reconocimiento jurídico con el nacimiento de la ley del aborigen chaqueño y la creación del IDACH, como el organismo estatal encargado de atender las necesidades de las comunidades de las tres etnias. Pero continuaron las prácticas eurocéntricas y tutelares que se reproducen en un contexto donde el IDACH, dirigido por indígenas, aparece como un ente burocrático más, perdiendo legitimidad entre los ciudadanos indígenas, porque en base a sus propias experiencia, consideran al organismo más al servicio de los gobernadores de turno, que en defensa de los derechos de las poblaciones indígenas. Esta situación genera el desafío de cómo articular la baja representatividad de los pueblos indígenas en la política con ciudadanos indígenas que como sujetos políticos activos interpelan cada vez más al Estado.

        Mientras que en Latinoamérica, la lucha indígena se tradujo por el autogobierno y autonomía en el propio territorio, en Argentina y en el Chaco la acción colectiva indígena se manifestó esencialmente a través de la participación activa de las comunidades en su lucha por el reconocimiento jurídico de sus derechos identitarios, materiales y simbólicos, implementadas a través de prácticas proteccionistas del Estado que en nuestra provincia, en el ámbito de poder del IDACH, se limitó a exigir espacios de representación en cargos de la administración pública como Sameep, Secheep, Instituto de Colonización Instituto de vivienda…, o la inclusión en las listas de candidatos legislativos de los partidos políticos, como Nieves Ramírez, Inocencia Charole , Egidio García, Andrea Charole todos dirigentes Qom que accedieron a una banca por el partido justicialista desde 1983.

        El Estado promueve el desarrollo cultural, educativo, jurídico, para no hablar de los reclamos territoriales, la autonomía o el autogobierno significaría el control de los recursos naturales que están en los territorios indígenas, en nuestra provincia, el monte que sirve de sustento al monocultivo sojero, lo que va en detrimento de los intereses económicos de empresarios sojeros y del Estado. La marginación, miseria, desnutrición, discriminación, represión, problemas de acceso al agua, a la tierra, a la salud, a la propia educación, a condiciones materiales de vida suficientes, se debe esencialmente a la quita de sus territorios, del monte confiscado, que impide el acceso al desarrollo de su propia identidad étnica. Las relaciones sociales de poder se siguen reproduciendo mientras el poder no llegue a manos de los indígenas. Generalmente los beneficiados de la “lógica Estatal” y sus múltiples estrategias de control social, son los indígenas funcionales a los intereses del Estado.

        Los pueblos indígenas como “nuevos” ciudadanos bajo el carácter colectivo de la noción de “comunidad” deben moverse, conciliando dos formas de participación y representación, la de las propias comunidades indígenas tradicionales y las del Estado, a través del reconocimiento de las asociaciones comunitarias indígenas, previa personería jurídica. Deben moverse entre las normas de su propia identidad étnica y la del orden jurídico del Estado que los organiza institucionalmente, con sus formas de aplicación e interpretación que pocas veces coincide con la cosmovisión indígena, creándose múltiples tensiones en las interacción interétnica. Para algunos especialistas la exigencia constitucional de personería jurídica, constituye una protección de los territorios indígenas, cuando estos son violados por entes privados o el mismo Estado. Sin embargo, la normativa reconocida se construye y reconstruye, más en prácticas discursivas de funcionarios del gobierno, IDACH, ONG, expertos e investigaciones analíticas varias que en su debida implementación real.

    En la actualidad la acción política de los pueblos indígenas del Chaco, transita en la coexistencia de los dispositivos políticos relacionales de la ciudadanía, a través de los punteros políticos indígenas, en virtud de su condición ciudadana; la clase, a través de los piqueteros en virtud de compartir la marginación económica y social; el evangelio, a partir de los pastores y su condición de creyente y el indigenismo en manos de los dirigentes indígenas a partir de su condición étnica. Estos son reconocidos como los líderes en sus respectivas comunidades, en tantos representantes de sus inquietudes y necesidades frente al poder político.

      En la construcción de una ciudadanía intercultural, que implica el reconocimiento jurídico de derechos Identitarios, el reclamo de mayor y mejor participación política de los pueblos indígenas del Chaco no solo se limita a terminar con el clientelismo de los partidos políticos tradicionales y del IDACH o por mayores cuotas de representación en los partidos políticos y en los cargos de la administración pública, sino también la lucha es por el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales. El objetivo es asegurar una participación ciudadana efectiva, que controle el proceso de decisión y la elección de representantes sobre asuntos esenciales para el pueblo: la economía, la salud, la vivienda, la cultura y la administración de justicia. Para así poder transformar las condiciones de producción y reproducción de las relaciones sociales y cotidianidad a partir de una mejor calidad de vida de acuerdo a su propia cosmovisión de la realidad inmediata y mediata.

      Las nuevas demandas de etnicidad consiste en crear un nuevo orden inclusivo, un Estado Intercultural, cuyas estructuras se formaron en la exclusión de los indígenas considerados, inferiores, haraganes, primitivos, victimas sin capacidad de lucha, entre otros estereotipos y prejuicios que forman la cosmovisión tanto de la sociedad del hombre blanco como la de los pueblos originarios. Un estado Intercultural que reconoce la igualdad de grupos diferentes, donde las relaciones interétnicas no niegan el conflicto de ayer y de hoy, en el marco de diálogos horizontales en la diversidad que garantiza la reciprocidad democrática entre las culturas. Hoy los pueblos indígenas defienden sus derechos para afirmar su identidad étnica en el reconocimiento de la diferencia pero también la acción política se expresa en la distribución de las riquezas y los medios para producirlas, construyendo etnicidad.-

 

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